El presidente del PP de Badajoz vicepresidente de la Asamblea de Extremadura es condenado en costas tras demandar por publicar que ofreció trabajo a cambio de sexo
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Contra el fallo ya no cabe recurso, toda vez que han transcurrido más de 20 días desde la publicación del fallo y el vicepresidente del Parlamento extremeño no ha presentado recurso de apelación
Ningún medio de comunicación extremeño, ni público ni privado, se ha hecho eco de la información publicada sobre el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura que ofreció trabajo de chófer a cambio de “echar un polvo”. El caciquismo no es cosa del pasado.
La financiación pública a medios acaba de llegar a Extremadura de la mano del Gobierno del Partido Popular de María Guardiola. Y es que, desde la Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social, la Junta ha comenzado este año a inyectar dinero público a través de la publicidad institucional, vía contratos menores, sumando solo en lo que llevamos de año un gasto de 106.052,78 euros, impuestos incluidos, según viene reflejado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Además, la Junta no solo está financiando sino que estos están incumpliendo el código deontológico de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas). Concretamente el referido al contenido pagado o publicitario, violando de esta forma el apartado 6 de sus ‘principios de actuación’, que insta a los profesionales y a los medios a que “a fin de no inducir a error o confusión de los usuarios, el periodista está obligado a realizar una distinción formal y rigurosa entre la información y la publicidad”, ya que en las piezas pagadas por la Junta de Extremadura aparecen como información, cuando en realidad es publicidad institucional.
A veces los de abajo le ganan a los poderosos.
En julio publicamos que el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura ofreció un puesto de chófer a cambio de sexo. Denunció y pedía 45.000 euros. Los tribunales amparan nuestra información y lo condenan a pagar las costas.
Manuel Naharro Gata, presidente del PP de Badajoz y vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, ha sido condenado en firme al pago de las costas judiciales tras su denuncia por la publicación de que ofreció trabajo de chófer a un hombre a cambio de “echar un polvo”.
El también alcalde del municipio pacense de Valencia del Mombuey demandó. Naharro reclamaba 45.000 euros por vulneración del derecho al honor. Finalmente, todos sus demandados han sido absueltos y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Jerez de los Caballeros ha condenado al político extremeño al pago de las costas judiciales.
La sentencia remarca que la información emitida está amparada en el ámbito de la libertad de información reconocida en el artículo 20.1 de la Constitución Española. El contenido publicado, detalla la jueza, “reúne los dos requisitos necesarios: tanto la veracidad como el interés público de la noticia”. En la sentencia, la magistrada resalta que el periodista Raúl Solís ha cumplido con la “exigencia y de veracidad y contraste de la información difundida”.
La titular del Juzgado Número 1 de Jerez de los Caballeros, Ana María González Olalla, subraya que Diario Red no solo publicó los hechos objeto de la denuncia, sino también “la propia versión de los hechos” del presidente provincial del PP de Badajoz, quien mantuvo conversaciones con el autor de la noticia para desmentir los hechos, “desmentido que se recoge expresamente en el subtítulo y cuerpo de la noticia”.
Contra la sentencia, que fue publicada el 16 de diciembre de 2024, ya no cabe recurso, toda vez que ha transcurrido el plazo de veinte días sin que Manuel Naharro haya presentado recurso de apelación. De este modo, el presidente del PP de Badajoz acepta el fallo judicial que reconoce que Diario Red ha publicado una información veraz que en todo momento ha sido realizada con diligencia profesional.
La tasación de las costas a las que ha sido condenado el político extremeño deberá incluir las minutas de los profesionales que han intervenido en la defensa de los demandados y absueltos Pablo Iglesias, Raúl Solís y la empresa editora.
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