La crisis del tomate en Extremadura amenaza la viabilidad del sector agrícola, no solo es indecente, sino que es ilegal

 Las grandes empresas intermediarias del TOMATE están pagando POR DEBAJO  DEL COSTE DE PRODUCCIÓN y obligando a los productores a firmar una cláusula afirmando todo lo contrario para salvaguardarse las espaldas unos contratos ilegales. Todo con la complicidad del Gobierno de María Guardiola inacción del gobierno del PP extremeño y el desmantelamiento del campo español y concretamente el del sector del tomate en Extremadura. Miles de familias extremeñas que viven de este cultivo se acordarán siempre..

 La Consejería de Agricultura tiene competencias para sancionar a estas empresas, pero decide no hacerlo, Extremadura exige que impulse estudios de costes ante la problemática de precios "ruinosos" en los contratos del tomate, consejera de Agricultura, Mercedes Morán actue, no hace nada por el sector del tomate en Extremadura. Los abandona, pero no es nada nuevo. Salvo un pozo ilegal, el resto de la agricultura está abandonada a su suerte por parte de la Junta de Extremadura.

 

Incumplimiento de la ley de cadena alimentaria con el precio del tomate. Hay 4 empresas que controlan el tomate CONESA, Alsat, Transa, Agraz. Empresas que pagan por debajo del coste de producción.

 

 “La señora Guardiola ha dado la espalda de manera tan despiadada al sector del tomate”, no solo es indecente, sino que es ilegal.

 

 “Los precios impuestos por las industrias a los tomateros extremeños "son un verdadero atraco que amenaza la continuidad del sector en Extremadura”.

Las organizaciones agrarias denuncian precios ruinosos y exigen medidas urgentes para evitar el abandono del cultivo

La preocupante situación del sector tomatero en Extremadura ha llevado a las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Villanueva de la Serena (Agryga) a alzar la voz contra los precios impuestos por la industria en la campaña de 2025. Consideran que el precio fijado de 107 euros por tonelada es «ruinoso» y deja a los agricultores en una situación insostenible, poniendo en peligro la continuidad de un sector clave para la economía de la región.

En una comparecencia conjunta, Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, y Herminio Íñiguez, presidente de Agryga, han exigido soluciones inmediatas para revertir esta crisis. «La situación del tomate en la región es insoportable. Si no se toman medidas urgentes, muchos agricultores se verán obligados a abandonar este cultivo, lo que afectará gravemente la sostenibilidad del sector y el empleo en el campo extremeño», ha señalado Íñiguez.

 Los datos sobre costes de producción presentados por Íñiguez reflejan la gravedad del problema. En los últimos cinco años, la media de producción de tomate en Extremadura se ha situado en 88 toneladas por hectárea, con un coste de producción de 128 euros por tonelada. Sin embargo, el precio impuesto por las industrias privadas en esta campaña de 2025 es de solo 107 euros por tonelada, lo que implica que los agricultores están vendiendo por debajo del coste real de producción.

 

«El tomate es un cultivo que requiere una fuerte inversión inicial y una alta cualificación por parte de los agricultores. Con estos precios, muchos de ellos se verán obligados a dejar de producir, lo que supondrá un duro golpe para el sector», ha advertido Íñiguez.

El diferencial de precios respecto al año pasado es otro factor que agrava la situación. En la campaña de 2024, las industrias privadas pagaban 130 euros por tonelada, mientras que las cooperativas ofrecían hasta 150 euros. La caída del precio representa una pérdida total de 43 millones de euros para el sector tomatero extremeño, una cifra alarmante que hace peligrar la estabilidad de muchas explotaciones agrícolas.

Por su parte, Juan Metidieri ha sido contundente al calificar de «absolutamente ruinoso» el precio de 107 euros por tonelada. Ha criticado que la Ley de la Cadena Alimentaria, que teóricamente debería garantizar precios justos para los productores, no está funcionando como se esperaba.

«La ley exige que las comunidades autónomas publiquen los costes de producción, aunque sea de manera orientativa. Sin embargo, esta medida sigue sin implementarse correctamente, lo que deja a los agricultores en una situación de total indefensión frente a los abusos de la industria», ha explicado Metidieri.

El líder de Apag Extremadura Asaja ha pedido que se cumpla la legislación vigente y que se apliquen sanciones a las empresas que imponen precios por debajo de los costes de producción. «No podemos permitir que los agricultores sean los únicos que asuman las pérdidas mientras la industria sigue obteniendo beneficios», ha sentenciado.

PREGUNTA 161-P/XI (PROP-162), ¿Tiene prevista la Junta de Extremadura alguna acción para evitar el cultivo a pérdidas del tomate?.

Otro de los factores que agrava la crisis del tomate en Extremadura es la creciente competencia internacional, en particular la importación de tomate de China. Metidieri ha denunciado que los tomates chinos están entrando en el mercado europeo a precios mucho más bajos, afectando gravemente a los productores españoles.

«No es justo que nuestros agricultores tengan que competir en condiciones desiguales con productos que no cumplen los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria. Es necesario que los responsables políticos en Europa tomen decisiones para proteger a nuestros agricultores frente a estas prácticas desleales», ha afirmado.

La entrada masiva de tomate de terceros países a precios bajos provoca una distorsión en el mercado y dificulta aún más la posibilidad de que los productores extremeños obtengan un precio justo por su cosecha.

Ante esta crisis sin precedentes, Apag Extremadura Asaja y Agryga han planteado una serie de medidas que consideran imprescindibles para garantizar la supervivencia del sector:

1. Fijar un precio mínimo que cubra los costes de producción. Exigen que se mantengan los precios del año pasado, es decir, al menos 130 euros por tonelada en las industrias privadas y 150 euros en las cooperativas.
2. Aplicar de forma efectiva la Ley de la Cadena Alimentaria. Reclaman que las administraciones actúen con firmeza para evitar que la industria imponga precios abusivos que hunden a los agricultores.
3. Limitar la importación de tomate de terceros países. Instan a que las autoridades comunitarias establezcan medidas de protección para que los productos extranjeros no distorsionen el mercado interno.
4. Aprobar ayudas directas para los productores afectados. Consideran que es fundamental que se habiliten líneas de apoyo económico para evitar la desaparición de explotaciones.

«Si no se toman medidas urgentes, la producción de tomate en Extremadura estará en serio peligro. No podemos permitir que miles de agricultores se vean obligados a abandonar el campo», ha insistido Metidieri.

Un futuro incierto para el tomate extremeño

El sector agrícola en Extremadura atraviesa un momento crítico, y la situación del tomate es solo un reflejo de los múltiples desafíos que enfrentan los productores. La falta de rentabilidad, la competencia desleal y la inacción de las administraciones están llevando al límite a los agricultores, quienes ven cómo su trabajo deja de ser sostenible económicamente.

En las próximas semanas, se espera que las organizaciones agrarias intensifiquen sus reivindicaciones y movilizaciones para exigir respuestas a las autoridades. «No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la agricultura de Extremadura se hunde. Seguiremos luchando hasta que se garantice un futuro digno para el campo», ha concluido Metidieri.

El desenlace de esta crisis dependerá de la voluntad política y de la capacidad del sector para unirse en defensa de sus intereses. Por ahora, la incertidumbre sigue marcando el horizonte de los agricultores tomateros extremeños, quienes esperan con urgencia medidas concretas que frenen la debacle de su actividad.